Acuerdo de Asociación España – UE 2014 – 2020: Análisis de Objetivos Temáticos (y III)

Objetivo Temático 8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

La situación del mercado de trabajo español en los últimos años se ha caracterizado por la caída de la ocupación, que ha tenido un reflejo inmediato en los niveles de desempleo, que han alcanzado el 26% en 2013. Ello se explica, por un lado, por el cambio sectorial producido por el auge de determinados sectores que vivieron años de crecimiento, como la construcción o la industria vinculada a ella, y que han sufrido un fuerte declive con importantes consecuencias a nivel económico y de empleo; y, por otro lado, por las deficiencias funcionales del mercado de trabajo en España, como su elevada segmentación y su escasa flexibilidad, que han contribuido a aumentar los efectos negativos de la contracción de la actividad económica.

Se debe prestar especial atención al desempleo juvenil, un problema estructural en España, con graves consecuencias para la situación presente y futura de los jóvenes españoles, limitando además el crecimiento potencial de la economía española en el largo plazo. Pero las dificultades se refieren también al tipo de empleos a los que acceden los jóvenes, que se ven además especialmente afectados por la temporalidad involuntaria y el empleo a tiempo parcial, también de carácter involuntario. Las dificultades de acceso afectan especialmente a los jóvenes con menor cualificación.

Otro colectivo que merece especial atención es de los parados de larga duración (PLD). Un grupo de edad especialmente afectado por el paro de larga duración son los mayores de 45 años, de entre los que, el 71% de los trabajadores ha estado desempleado durante más de un año. Por ello, representan un colectivo con especiales necesidades de mejora de la empleabilidad.

La incidencia de la situación económica de nuestro país ha sido desigual a nivel territorial (tanto las tasas de empleo como las de paro han divergido), aunque todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por los efectos de la recesión económica. Como consecuencia se ha producido una divergencia en la situación del mercado de trabajo entre regiones. Una medida de ello es la desviación típica de las diferencias de las tasas de empleo y paro de las comunidades autónomas.

La Estrategia Europa 2020, de acuerdo con los objetivos prioritarios en materia de empleo y formación definidos a nivel nacional en el horizonte del año 2020, define como principal objetivo en materia de empleo la consecución de una tasa de empleo para la población de 20 a 64 años del 74%, del 68,5% entre las mujeres, con el objetivo intermedio del 66% en el año 2015.

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, realiza un análisis sobre las actividades económicas y ocupaciones con mejores perspectivas para el empleo. Así́, la Estrategia identifica una serie de actividades que han sufrido la crisis, pero que muestran signos de invertir la tendencia, entre las que se encuentran la actividad de servicios sociales, el sector de la automoción, así́ como la industria del calzado y el textil. Por otra parte, la Estrategia identifica, asimismo, actividades que han resistido la crisis y que mantienen buenas perspectivas.

En este grupo se encuentran el sector agroalimentario, la actividad turística, la actividad logística, los servicios avanzados a las empresas (tecnología, informática y servicios financieros, así́ como la industria química y farmacéutica. Por lo que se refiere a las ocupaciones, la misma Estrategia señala aquellas que presentan mejores perspectivas de empleo, que son aquellas relacionadas con los sectores y actividades económicas que muestran mayor dinamismo.

En España se ha desarrollado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, que constituirá́ el marco plurianual para la coordinación y ejecución de las políticas de activación en el conjunto del Estado en el periodo de 2014 a 2016. La Estrategia recoge los principios y objetivos comunes que se concretan en una serie de objetivos estratégicos:

  • mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto por la Garantía Juvenil
  • favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo
  • mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo
  • reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo e impulsar el emprendimiento.

En cuanto al objetivo transversal de prestar atención a los jóvenes, debe mencionarse la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, la cual se enmarca en el objetivo de impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, mediante la inserción laboral por cuenta ajena y a través del autoempleo y el emprendimiento. La Estrategia es coherente con las recomendaciones establecidas desde el ámbito comunitario en materia de economía, empleo y empleo juvenil. En la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 se enmarca el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tiene por finalidad que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación, y que sean mayores de 16 años y menores de 25 puedan recibir una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% la edad se eleva hasta los 30 años.

Las propuestas de intervención que se formulan a continuación, determinan las actuaciones a desarrollar para alcanzar el objetivo de “promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”:

  • Facilitar el acceso al empleo a los demandantes de empleo y personas inactivas, incluidos los desempleados de larga duración y personas alejadas del mercado laboral, así́ como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral.
  • Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados en los sistemas de educación y formación, así́ como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.
  • Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras.
  • La igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo, así́ como la igualdad de trato entre todas las personas y no discriminación por otros motivos en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la promoción profesional y la igual remuneración por trabajo de igual valor.
  • Promover la adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. Mediante esta propuesta de intervención se persigue como objetivo fundamental: la adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.

Es importante tener en cuenta que, considerando la necesidad de concentración de los recursos procedentes del FSE, así́ como las tasas de desempleo registradas, la prioridad en el periodo de programación 2014-2020 será́ fundamentalmente la creación de empleo. No obstante, la adaptabilidad al cambio es una herramienta esencial en el mantenimiento del empleo, por lo que será́, asimismo, cofinanciada por los recursos procedentes del FSE.

La mejora del tejido productivo a través de su diversificación y modernización organizativa y tecnológica, el impulso de la sociedad del conocimiento y la valorización y cualificación de los recursos humanos son factores cruciales para garantizar una adecuada adaptabilidad al mercado laboral.

  • Promover el envejecimiento activo y saludable, mediante esta propuesta intervención se persigue como objetivo fundamental: el aumento de la participación en el mercado laboral y la tasa de empleo de las personas de más edad.

Todas estas acciones se financiarán con cargo a Fondos FSE

 

 

Objetivo Temático 9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN

La pobreza y exclusión social son grandes obstáculos en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Dado que son múltiples los factores que determinan la pobreza, es necesario desarrollar políticas integradas para apoyar a las personas en riesgo de pobreza, de forma que se integren en el entorno económico y social.

Las características que pueden poner a una persona en situación de mayor vulnerabilidad, son:

  • Ser mujer: hasta fechas recientes, las tasas de pobreza y exclusión social de las mujeres en España eran, al igual que en la UE, más elevadas que las de los hombres.
  • Ser joven o menor de 16 años: la pobreza y la exclusión social afectan a la juventud y a la infancia con especial virulencia. Son los grupos de edad que soportan tasas más elevadas mientras que las personas mayores han dejado de ser el grupo más afectado.
  • Estar en situación de desempleo, especialmente de larga duración: las personas desempleadas son un grupo cada vez más vulnerable, que no solamente ha aumentado en número, sino que además ha visto cómo se agrava su situación.

Se consideran personas en situación o riesgo de pobreza o de exclusión social aquellas personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente), y/o las personas que sufren de privación material severa y/o las personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula (por debajo del 0.2). Este grupo de personas se denomina ERPE personas En Riesgo de Pobreza y Exclusión o AROPE, en sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion.

  • Tener un bajo nivel formativo o vivir en un hogar con bajo nivel formativo de los progenitores.
  • Residir en un territorio con mayores tasas de pobreza y exclusión social.

Los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son: las personas sin hogar, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia, la población inmigrante, las víctimas de violencia, especialmente mujeres y menores, la población gitana, las víctimas de discriminación, las personas con problemas de adicción y las personas reclusas o ex-reclusas. Los factores que inciden en la pobreza y en la exclusión social son principalmente el empleo, la educación, la vivienda y la salud.

Los niveles de pobreza en España son elevados, siendo la pobreza infantil y juvenil el problema más destacable. En los últimos años de crisis la situación ha empeorado y las tasas de pobreza relativa han aumentado. El objetivo Europeo se ha fijado en reducir el número de personas en situación de pobreza en 20 millones. Este objetivo en España es de 1,4 a 1,5 millones. Estos objetivos se han fijado teniendo en cuenta que las mediciones se realizarán con el indicador AROPE, personas en riesgo de pobreza o exclusión social, que en 2013 sitúa el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en cerca de 13 millones en España. Este objetivo parece demasiado ambicioso en la situación actual pero se han diseñado medidas y políticas para luchar por aproximarse a esta meta.

En esta situación ha influido tanto la coyuntura económica, como el aumento del desempleo, los desequilibrios territoriales y de distribución de riqueza. Así́, el actual proceso de consolidación fiscal se ha tratado de hacer compatible con el mantenimiento de los pilares fundamentales del Estado del bienestar y con el sistema de protección social.

Por tanto, en la lucha contra la pobreza es esencial fortalecer las políticas sociales para garantizar servicios públicos de calidad, ya que forman parte de la inversión social que debe ser realizada para apoyar a los grupos más vulnerables y excluidos. Asimismo el reforzamiento de los sistemas de educación y cuidado infantil deben también ser pilares importantes. Del mismo modo debe tenerse en cuenta la importancia de las políticas de inserción social y laboral.

La lógica de la intervención que se plantea, considera como un reto específico la necesidad de mejorar la capacidad de inserción profesional de los grupos vulnerables (personas inmigrantes, con discapacidad, de etnia gitana y otras), en particular mediante el fomento de la economía social.

Se plantea un enfoque de intervención integrado, en cuya formulación también se han teniendo en cuenta las políticas nacionales relacionadas con la inclusión social y el fomento de la economía social, con el objetivo de mejorar el impacto final de las actuaciones.

La pobreza y exclusión social son grandes obstáculos en la consecución de las prioridades de la Estrategia Europa 2020, en especial de la relacionada con el logro de un crecimiento integrador, cuyo acento se pone en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza infantil. Dado que son múltiples los factores que asociados al empleo, la educación, la vivienda y la salud determinan la pobreza, se hace necesario desarrollar políticas integradas y complementarias para apoyar a las personas en riesgo de pobreza, y lograr su efectiva integración social y laboral.

En definitiva, las necesidades detectadas indican que los retos a los que ha de hacer frente España en el periodo 2014-2020 en relación con este objetivo temático deben centrarse en la promoción de una recuperación económica que fomente la inclusión social, el incremento de la empleabilidad de las personas más vulnerables, y la reducción de los niveles de pobreza. Todo ello con especial empeño en la reducción de los factores de discriminación en cualquiera de sus formas.

Teniendo en cuenta los elementos mencionados con anterioridad, se plantean las siguientes propuestas de intervención, en las que se aplicarán los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de igualdad de trato y no discriminación, con un enfoque basado en la inclusión activa:

  • Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los colectivos con especiales dificultades de inserción socio-laboral, promoviendo itinerarios integrales de inserción, la responsabilidad social de las empresas en este ámbito y procurando las medidas de apoyo y acompañamiento pertinentes
  • Fomento de la integración de comunidades marginadas
  • Lucha contra todo tipo de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades
  • Mejora del acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales
  • Fomento del emprendimiento social y de la integración a través de la formación profesional en empresas sociales y la promoción de la economía social y solidaria para facilitar el acceso al empleo.
  • Desarrollo de pactos e iniciativas locales de empleo y de integración social y de estrategias de desarrollo local participativo,
  • Inversión en infraestructura social y sanitaria que contribuya a reducir las desigualdades y facilite la transición de los servicios institucionales a los servicios locales (FEDER), con, entre otras, actuaciones como: la mejora de las infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local, reduzcan las desigualdades y potencien la inclusión social.
  • Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas (FEDER), a través de, entre otras, actuaciones como: el diseño e implementación de pactos territoriales y de iniciativas locales para el empleo y la inclusión social, dirigidos y apoyados por las autoridades regionales y locales, y participados por los interlocutores sociales y el tercer sector, al objeto de contribuir a la regeneración física, social y económica de zonas urbanas y rurales desfavorecidas a través de planes integrados.
  • Ayuda a las empresas sociales (FEDER), a través de, entre otras actuaciones, el impulso, apoyo y fomento de la creación de empresas de inserción social como instrumentos para la lucha contra la pobreza, la discriminación y la exclusión social.
  • Realización de inversiones en el contexto de estrategias de desarrollo local participativo (FEDER)
  • Promoción de la inclusión social, la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico en zonas rurales (FEADER),

Se promoverán sinergias entre los Fondos FSE y FEDER para desarrollar intervenciones integradas, multidimensionales y multisectoriales sobre personas y sobre entornos. Esta actuación conjunta es fundamental para aprovechar oportunidades que ofrece la creación de actividad económica en sectores con potencial de crecimiento sostenible (turismo, Economía baja en CO2, etc.) que puede generar un espacio laboral accesible a los colectivos vulnerables y que es uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020.

Hay que poner de relieve la importancia que la colaboración público-privada adquiere en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, en especial, el protagonismo del Tercer Sector de Acción Social como actor clave. Por otro lado, hay que tomar en consideración el papel que las empresas, en el ejercicio de la Responsabilidad Social de las Empresas y en una incipiente implicación, realizan o pueden desarrollar en este sentido.

 

 

Objetivo Temático 10: INVERTIR EN LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y UN APRENDIZAJE PERMANENTE MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Una educación de calidad mejora la empleabilidad de las personas y, en particular, de los jóvenes. En España, al igual que ocurre en el conjunto de la Unión Europea, la transición al mercado laboral es más fácil a medida que se incrementa el grado de cualificación académica.

Cabe destacar la fuerte correlación existente entre el porcentaje de participación en los sistemas de formación profesional y el empleo juvenil. Los países con mayor presencia de la formación profesional, como Dinamarca o Alemania, son los que tienen una menor tasa de desempleo juvenil. Por el contrario España, con una muy escasa participación en los sistemas de formación profesional, sufre de una tasa elevadísima de desempleo juvenil.

En resumen, las personas que abandonan los estudios se caracterizan por una peor empleabilidad: participan menos en el mercado de trabajo, tienen una menor probabilidad de empleo, están más expuestos a la temporalidad y obtienen menores salarios, reflejo de su menor productividad. Las diferencias entre aquellos que abandonan y los que realizan estudios superiores a los de secundaria obligatoria son mayores sobre todo en la probabilidad de estar ocupado y en el efecto sobre los salarios.

Una de las prioridades clave de la Estrategia Europa 2020 es el fomento de un crecimiento inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación. En esta línea, se establecen unos objetivos a cumplir en 2020 para la Unión Europea en su conjunto, y particularizados para cada uno de los EEMM en los siguientes ámbitos:

  • Reducción de las tasas de abandono escolar prematuro
  • Incremento del número de personas de 30 a 34 años de edad que completen sus estudios de nivel terciario.

Por ello, urge elaborar un modelo sostenible, que promueva una mayor diversificación de las ramas del conocimiento, que informe adecuadamente al estudiante de las posibilidades de empleo y ocupación profesional de las titulaciones universitarias, y que incentive un nivel adecuado de rendimiento que le ofrezca unas mínimas garantías de que la titulación obtenida va a permitirle alcanzar sus aspiraciones profesionales.

Otro aspecto relevante es si el sistema educativo se adecua a las necesidades del mercado y si asegura la empleabilidad de las personas que han terminado sus estudios. La Formación Profesional dual es el conjunto de acciones e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo, en relación con la obtención de títulos de FP del sistema educativo.

Este sistema puede suponer la relación laboral entre el alumno y la empresa a través de un contrato de aprendizaje o no suponer dicha relación, en cuyo caso el alumno puede percibir una contraprestación económica en forma de beca que podrá ser financiada por las Administraciones o las empresas colaboradoras.

La evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales de formación es un mandato donde se dará́ prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores de crecimiento generadores de empleo, las personas desempleadas sin cualificación profesional acreditada y los sectores en los que exista alguna regulación que obligue a los trabajadores que quieran acceder o mantener el empleo a poseer una acreditación formal.

Las principales propuestas de intervención que se derivan del análisis realizado en este OT 10 son las siguientes:

  • Realización de acciones tendentes a la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el marco de la mejora de la calidad de la educación
    o Desarrollo e implantación de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
    o Desarrollo e implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica dentro de las enseñanzas de Formación Profesional.
    o Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento – Programas de diversificación curricular.
    o Medidas de intervención y compensación dirigidas a la población con condicionantes socioeconómicos desfavorables o necesidades especificas de apoyo educativo:
    o Medidas de reinserción en el sistema educativo
    o Medidas preventivas para promover una educación integradora del alumnado con necesidad de apoyo educativo, así́ como prevenir las dificultades de aprendizaje en los diferentes colectivos.
    o Medidas de inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los entornos formativos
  • Se promoverá́ la mejora de la calidad de la educación superior, así́ como de la I+D+i, a través de la formación de profesorado, la promoción de la formación de doctores, la formación de investigadores y la potenciación de actividades en red y asociaciones entre instituciones de enseñanza superior, centros tecnológicos y de investigación y empresas.
  • Fomento del aprendizaje permanente de personas adultas en estructuras formales, no formales e informales
  • Como complemento a estas actuaciones se fomentará del aprendizaje de idiomas en todos los niveles educativos, promoviendo la acreditación con estándares nacionales o europeos reconocidos de los conocimientos adquiridos.
  • Acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional con medidas como la formación continua del profesorado de todos los niveles educativos a través de acciones formativas destinadas a la capacitación profesional, actualización e innovación del personal docente.
  • Desarrollo de la Formación Profesional dual, que tiene por objeto la cualificación profesional de las personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Se pretende una formación profesional basada en una mayor colaboración y acercamiento de las empresas en los sistemas de formación profesional, que propicie una participación más activa de la empresa en el propio proceso formativo del alumnado y un mayor conocimiento de las necesidades formativas de los jóvenes.
  • Impulso de la enseñanza sobre el uso de las TIC y a través de las mismas, en todos los niveles educativos y ámbitos sectoriales y territoriales, mediante cursos de formación, utilizando plataformas de enseñanza online que faciliten la creación de un entorno educacional basado en internet; desarrollo de repositorios digitales de contenidos de docencia; mejora de las plataformas de enseñanza on-line de formación profesional, etc.
  • De manera transversal, se adoptaran medidas para la promoción de la igualdad de trato, la no discriminación y la diversidad, y en particular, la inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los entornos formativos
  • Acciones orientadas a la mejora de las infraestructuras educativas.
  • Fomento de actividades formativas en relación con la economía verde y las oportunidades de la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la naturaleza para el desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles.
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